Cuando las protestas a favor de la democracia en Hong Kong paralizaron un acuerdo entre Estados Unidos y China el año pasado, se pudo visualizar cuán sensible es el comercio ante los disturbios políticos internos. Pocos observadores, sin embargo, notaron que las manifestaciones chilenas forzaron la cancelación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde el presidente Donald Trump y el secretario del Partido Comunista chino Xi Jinping debían firmar el esperado acuerdo comercial.
Chile cuenta con tratados comerciales que abarcan 65 mercados, incluído Canadá, lo que representa el 88 % del PIB mundial. Es por ello que sus vientos de cambio resultan inquietantes desde la perspectiva del comercio internacional.
La única nación sudamericana que forma parte de la OCDE está atravesando por su peor crisis desde el retorno de la democracia. Las protestas en contra de la desigualdad y el alto costo de la vida estallaron a principios de octubre, provocando un declive económico aún más pronunciado que el devastador terremoto del 2010. La incertidumbre política ha estimulado la fuga de capitales, y el Ministerio de Finanzas de Chile redujo su proyección de crecimiento del PIB para el 2020 en un punto porcentual.
La reputación de Chile como el referente de estabilidad se ha derrumbado. El ocaso de la economía más libre de Latinoamérica podría estar cerca si los activistas marxistas logran su objetivo. Ellos quieren una nueva Constitución que amplíe el control estatal sobre las pensiones, los recursos naturales, la atención médica y la educación.
Las consecuencias podrían extenderse por todo el mundo, pues la mitad de la economía chilena depende del comercio internacional. Además, no olvidemos que Chile es el primer productor mundial de cobre y un importante proveedor de litio, molibdeno, oro y plata.
Para Canadá este infortunio chileno sería una pérdida económica y simbólica. Hace 20 años, Canadá se convirtió en el primer país en firmar un acuerdo de libre comercio con Chile, el CCFTA. Desde entonces, las exportaciones a Chile se han cuadruplicado, alcanzando un máximo de CAN$2,9 mil millones en 2017. Canadá ha invertido $17,1 mil millones en Chile, su principal destino en toda América del Sur.
En febrero de 2019, Canadá y Chile renovaron el CCFTA, pero los esperados beneficios probablemente no se materialicen con una economía en declive y el futuro de las instituciones políticas en veremos. En los colindantes Bolivia, Ecuador y Venezuela, las constituciones impulsadas por la justicia social mostraron ser el inicio de su ruina.
La nueva Constitución parece inevitable
Los disturbios en Chile dejaron más de 1.200 tiendas saqueadas y $2 mil millones en pérdidas. Alrededor de 300 mil residentes perdieron sus empleos y 25 personas murieron. Sorprendentemente, las dolorosas consecuencias económicas y la violencia extrema no fueron suficientes para deslegitimar los disturbios. Los socialistas chilenos han convencido al público de que la economía de mercado, relativamente abierta, que tiene el país gracias a la Constitución de 1980, es la raíz del problema.
Fue tan severa la insatisfacción que el presidente Sebastián Piñera tuvo que llegar a un acuerdo con los partidos de la oposición para celebrar un plebiscito en abril de 2020 sobre una nueva Constitución. Una consulta no vinculante a finales del 2019, en la que participaron 2,4 millones de chilenos desde los 14 años en adelante, reveló un 92 % de apoyo al temerario experimento.
Los resultados muestran que las principales demandas de los chilenos son aumentar el gasto público en los sistemas de jubilación, salud y educación e impedir que el sector privado se involucre en la provisión de estos servicios. Aunque la actual Constitución establece una legislación regular para mejorar estos servicios, no satisface el deseo de los activistas radicales de convertir a Chile en un papá Estado que lo abarque todo, al estilo de Venezuela.
Ampliar el número de derechos constitucionales suena bien, pero los proponentes nunca indican de dónde provendrá el financiamiento. Está claro que los contribuyentes chilenos cubrirán los costos. No obstante, un modelo económico engorroso para los inversionistas y las empresas que resultará en aún menos riqueza para redistribuir.
De igual manera, los manifestantes piden mayor intervención estatal en la gestión de los recursos naturales, como los minerales y el agua. Irónicamente, las regulaciones de energía verde influyeron en el aumento de los pasajes de transporte público que encendieron los disturbios en primer instancia.
La inversión extranjera directa sería una de las principales víctimas de este cambio. Por ejemplo, las empresas canadienses en Chile están fuertemente concentradas en los campos de la minería, el agua y el gas.
Las lecciones que los chilenos necesitan no están lejos
Venezuela y Ecuador, ejemplos clave en la aplicación del socialismo del siglo XXI, ofrecen lecciones sobre lo que sucede cuando los defensores de la justicia social logran reescribir la ley del país. En lugar de mejorar la calidad de vida, la planificación centralizada y los promesas utópicas paralizan el espíritu empresarial, el empleo y el comercio.
Asimismo, los votantes chilenos harían bien en reflexionar sobre las políticas que han causado su propio descontento. Del 2014 al 2018, la presidenta socialista Michelle Bachelet aumentó los impuestos corporativos en un 30 % y prohibió el reemplazo de trabajadores en huelga. El gasto público creció tres veces la tasa de crecimiento del PIB, y el sector privado quedó bajo una mayor carga burocrática.
Axel Kaiser, un liberal clásico chileno y profesor visitante de la Universidad de Stanford, escribió en el Wall Street Journal que estas reformas aumentaron drásticamente los costos de contratación, redujeron la inversión de capital y minaron el crecimiento económico: “Piñera prometió traer mejores tiempos. Hasta ahora no lo ha podido cumplir “.
El comercio está en peligro
En julio, los chilenos mostraron su desacuerdo con el libre comercio durante un plebiscito no vinculante que consultaba sobre la ratificación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), del cual Canadá es el principal patrocinador. Solo el 6 % de los encuestados se mostró a favor y el 92,7 % se opuso.
Esta fue la primera vez que la sociedad civil chilena mostró una fuerte resistencia a un acuerdo comercial y dicha oposición encontró eco entre los manifestantes unos meses después. Como resultado, el Senado chileno decidió suspender una audiencia en noviembre que trataría sobre el TPP.
Si Chile renuncia a este acuerdo, el comercio vigente con países clave como Australia, Japón, Perú, Nueva Zelanda y Canadá, probablemente se desplomará.
El Estado de derecho, los derechos de propiedad y la libertad económica se combinaron en las últimas décadas para ser los principales impulsores del crecimiento y la prosperidad de Chile. Sus indicadores socioeconómicos actuales son la envidia de sus vecinos. El deseo de una nueva Constitución se ha cumplido, pero los votantes pueden ser audaces y elegir una convención mixta como método para redactarla.
Una convención mixta, en la que los miembros del Congreso y los ciudadanos electos comparten la mitad de los escaños, reuniría a chilenos de dos momentos políticos diferentes: el antes y el después de las protestas. Esto le daría a los radicales menos espacio para imponer su agenda.
Aplicando adecuadamente los pesos y contrapesos, los legisladores podrían defender el derecho internacional y los acuerdos comerciales como puntos de partida para la nueva Constitución. Los inversores, los empresarios y las democracias liberales, incluida Canadá, podrían seguir confiando en Chile como una nación favorable a los negocios en Latinoamérica. Defender la apertura económica de Chile al mundo es meritorio, pues constituye un ejemplo real de cómo el comercio permite superar el subdesarrollo.
Este artículo se publicó originalmente en Frontier Centre.
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