Han pasado diez años desde la crisis financiera que desencadenó una recesión económica global, y todavía muchos estadounidenses están luchando por recuperarse. Ante este escenario, no es de sorprenderse que el resentimiento hacia Wall Street siga intacto.
Por ejemplo, la organización progresista Center for Popular Democracy considera que las instituciones financieras que fueron rescatadas en 2008 por la Reserva Federal con US$4 mil millones en préstamos de emergencia y de bajo interés se encuentran mejor que nunca. Mientras tanto, familias afectadas por la crisis aún intentan llegar a fin de mes.
El pasado 12 de marzo varios activistas se sumaron a una protesta convocada por dicha organización para exigir que el próximo presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York esté del lado de los trabajadores. Ellos esperan que la institución trabaje por la estabilidad económica, la creación de empleos y por sueldos más altos; y no por los dictámenes de Wall Street.
Los manifestantes tienen la razón en cuanto a que el Gobierno de Estados Unidos ha subsidiado injustamente y por muchos años a firmas poco prudentes con el manejo de sus cuentas. Lo hizo bajo el pretexto de que aquellas empresas son muy grandes para quebrar, un riesgo moral al que las grandes corporaciones se están acostumbrando para sobrevivir a costa de los contribuyentes.
No obstante, los manifestantes se equivocan al creer que más regulaciones y programas gubernamentales asegurarán que la historia de hace diez años no se repita.
Empresas como AIG se convirtieron en “instituciones financieras sistémicamente importantes” precisamente cuando la gran cantidad de barreras de entrada —regulaciones, permisos, impuestos, e incluso el padrinazgo estatal— impidió a las pequeñas y medianas empresas competir contra ellas. Por lo tanto, generar una nueva montaña de regulaciones es solamente otra manera de mantener los privilegios de las firmas predilectas del gobierno.
Vale la pena repetir que la libertad económica es la solución que los activistas deberían estar buscando. Las compañías que operan en un mercado libre corren el riesgo de quebrar y, por ende, son las únicas responsables de su mala gestión —no los contribuyentes.
En un estudio realizado en 2012, Hester Pierce, investigadora del Mercatus Center en la Universidad George Mason, explica los costos reales de los salvatajes: además de lo que implica despilfarrar el dinero de los contribuyentes en acciones de empresas en las que nadie más desea invertir, los salvatajes alteran la forma en la que funcionan los mercados. Las grandes firmas dan rienda suelta a la irresponsabilidad porque saben que el gobierno les protegerá de la quiebra. Como las grandes firmas son más propensas a ser rescatadas, otras compañías prefieren hacer negocios con ellas.
Si el objetivo es proteger a los trabajadores, el próximo presidente del Banco de la Reserva Federal en Nueva York debería reconocer que tomar riesgos es parte un sistema financiero libre y sano, y debería trabajar en reformas basadas en el libre mercado. Eso es lo que Pierce y Benjamin Klutskey, directores del programa de política monetaria en el Mercatus Center, sugieren en “Reframing Financial Regulation: Enhancing Stability and Protecting Consumers” (Replanteando el Sistema Financiero: Promoviendo Estabilidad y Protegiendo a los Consumidores, 2016).
Los autores explican que el sistema regulatorio financiero necesita un nuevo enfoque para lograr un marco normativo en el cual los individuos y las instituciones interactúen mediante transacciones de mutuo beneficio. Dado que los funcionarios a cargo de las regulaciones realizan su trabajo fuera del mercado, saben poco sobre los productos y servicios, las tasas de interés, los portafolios y las tecnologías que son apropiados y que mejor se adaptan a las necesidades de cada consumidor.
La intervención de los gobiernos altera el sistema financiero y distorsiona sus dinámicas, haciéndolas imprevisibles, tal como la crisis de las hipotecas subprime. Pedir a la Reserva Federal que solucione los efectos negativos de los salvatajes es entendible, pero también es necesario entender que el círculo vicioso continúa, y pronto estaremos exigiendo al gobierno que repare otra consecuencia de su propia gestión.
Es tiempo de que Wall Street sea responsable de sus propias decisiones, y dejemos de pedir a los funcionarios de gobierno que decidan por decreto quiénes serán los vencedores y los perdedores.
La versión original en inglés fue publicada en American Institute for Economic Research.