En un sistema político con débiles pesos y contrapesos, la participación de los ciudadanos en el debate y ejercicio público es fundamental para salvaguardar sus derechos. Jorge Colindres, ex Director Jurídico de la Fundación Eléutera de Honduras, demuestra que sí es posible generar cambios desde abajo.
Colindres lideró el trabajo de Eléutera, un instituto liberal, durante el estudio y elaboración de propuestas y las negociaciones para reformar el Código Tributario de Honduras. Más importante, sus esfuerzos y los de sus colegas generaron grandes resultados. Atlas Network, que cordina y apoya a think tanks alrededor del mundo, incluso los condecoró con el Premio Miguel Kast: Soluciones de Libre Mercado para la Pobreza.
Colindres admite, sin embargo, que la reforma al Código Tributario es solo el inicio. Ahora trabaja a tiempo completo en el sector privado, pero sigue comprometido con generar un sistema legal más justo para los hondureños.
La mayor parte de la economía del país está en el sector informal, y más del 60 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza. Colindres resalta que la gestión abusiva y coercitiva de la entidad de recaudación, vigente antes del nuevo código, perjudicaba aún más a las víctimas y a la economía del país en general.
Cerca de finalizar el periodo presidencial de Porfirio Lobo Sosa (2010 – 2014), su gobierno creó nuevos impuestos, incrementó otros, y realizó reformas legales para una administración tributaria más severa. Las sanciones por incumplimiento — otorgadas a la mayoría de la población — eran tan absurdas como multas equivalentes a 12 salarios mínimos o el bloqueo del registro tributario. Sin el registro disponible, las empresas no pueden realizar importaciones o facturar a sus clientes, por lo que su actividad se paralizaba hasta resolver los casos mediante procesos burocráticos largos y costosos.
Entre el 2014 y el 2016, más de 1.400 empresas cerraron por supuesto incumplimiento de sus responsabilidades tributarias. Colindres explica que se refiere a un “supuesto incumplimiento, porque no había garantía de haber un debido proceso” antes de suspender a las empresas.
El 5 de enero del 2016, el gobierno de Juan Orlando Hernández presentó una propuesta borrador para la reforma del Código Tributario. El documento prometía “todo tipo de poder a la agencia de recaudación fiscal, al requerir el auxilio de las fuerzas armadas”, explica Colindres. Este proyecto de ley “no venía a corregir, sino más bien a legalizar la situación que estábamos viviendo.”
Eléutera recibió el borrador antes de su publicación oficial, lo que les permitó publicar su primer estudio solo nueve días después. Colindres recuerda que su análisis tuvo gran repercusión mediática y un profundo impacto en la opinión pública hondureña. Por lo tanto, el “gobierno se vio obligado a entablar negociaciones para una nueva reforma.”
Eléutera hizo 20 propuestas puntuales y las compartió con las gremiales, organizaciones de la empresa privada y del sector social, y funcionarios del gobierno. Algunas organizaciones se adhirieron a estas propuestas, y las gremiales presentaron sus propias alternativas.
Luego de seis meses de negociaciones que “lastimosamente se llevaron a puertas cerradas”, cuenta Colindres, “el nuevo borrador incorporó 14 propuestas realizadas desde Eléutera”. Sin embargo, una de las propuestas principales era facilitar mecanismos que ejecuten la ley, y no se la tomó en consideración.
De acuerdo a Colindres, la justicia hondureña tiene tres principales barreras: (1) los procesos administrativos son extensos y costosos, (2) los ciudadanos deben pagar una garantía para acceder a los tribunales, (3) y el único tribunal de lo fiscal administrativo está en Tegucigalpa.
Sólamente una de las propuestas incorporadas se relaciona con estos asuntos, específicamente con las garantías. Las personas debían pagar el monto total de su deuda antes de acceder a un tribunal, antes del nuevo código. Ahora las garantías corresponden a tasas del 5, 10, o 15 % de sus deudas.
Es por eso que Colindres cree que “de nada sirve agregar elementos efectivos a la ley si no hay mecanismos que garanticen su aplicación.” También piensa que, en Honduras, el acceso a la justicia es todavía un privilegio.
A pesar de que Jorge Colindres no trabaja más para Eléutera, sigue siendo un defensor de la libertad, y en particular promueve el acceso a la justicia. Actualmente, él y el economista Alejandro Calderón desarrollan una propuesta para la nueva ley del impuesto a la renta, que el gobierno obligatoriamente debe reformar este año.
En definitiva, él busca un nuevo sistema legal que proteja los derechos de los contribuyentes y que alcance un impuesto plano. Además, su acción demuestra que incentivar la participación activa de los ciudadanos, que son victimas de las falencias institucionales todos los días, puede mejorar la gobernanza nacional y el cumplimiento del Estado de derecho.
