Por Alexandra Veloz
El escándalo de corrupción de Odebrecht continúa, y las investigaciones día a día develan más detalles sobre la gran estructura de sobornos que la firma tenía instaurada para convertirse en una de las más grandes constructoras latinoamericanas. La estrategia de comprar los contratos a los funcionarios de los gobiernos permitió su éxito empresarial.
Estados Unidos avanza con sus investigaciones, y mientras tanto los demás países involucrados hacen lo propio a su ritmo. Hasta el momento, cerca de 110 personas están bajo arresto en Brasil, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Perú y Panamá.
Sin embargo, esta cifra es menor a la que se espera.
La red de corrupción liderada por Odebrecht fue implantada cuando menos hace 16 años, y en el 2006 la compañía creó un departamento secreto para coimas: la Unidad de Operaciones Estructuradas. Por lo tanto, la empresa tuvo tiempo de sobra para darse la mano con más de una administración de gobierno en cada país que operaba.
Estados como Perú y Colombia ya iniciaron el proceso de reformas legales que promuevan la transparencia en la contratación pública y la persecución más efectiva a la corrupción. No obstante, en la práctica, éstas reformas y recursos pueden quedarse cortos.
Consideremos, por ejemplo, que el caso de Odebrecht involucra a Ecuador, incluso después de que este país aprobara la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el 2008, que incluye varias normas financieras para prevenir el lavado de dinero. Pese a ello, estamos en el 2017, y algunos funcionarios sobornados no temen que se les descubra.
Este caso ha destapado el mecanismo de enriquecimiento de varios miembros de las esferas empresariales y políticas, que en definitiva ocasionan la pobreza de otros. Se desmorona esa retórica populista que culpa al capitalismo de todos los males de la región. Esta vez el culpable está en casa. De hecho, Odebrecht declaró haber pagado cerca de $3.370 millones de dólares por compra de contratos entre el 2006 y el 2014.
Odebrecht no operó únicamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y Angola — lo que demuestra que la corrupción no tiene fronteras. Podemos asumir que el caso de Odebrecht es solo uno de los tantos que permanecen clandestinos. El problema se agudiza quizás en los países latinos por nuestras desigualdades económicas y la restricción de libertad de prensa, especialmente al periodismo de investigación.
Pese a la crisis generalizada en la región, Uruguay, Chile y Costa Rica se sitúan en los puestos 21, 24 y 58 respectivamente en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que examina a 176 países. El Índice de Desarrollo Democrático en América latina coincide y destaca el alto nivel de calidad institucional en estos tres estados, lo que significa mayor independencia de poderes y de libertad de expresión. Lo último es fundamental para combatir la corrupción, como lo mencionan analistas políticos de altura en un panel de discusión.
Sin duda, la medida en que los gobiernos procedan con agilidad y efectividad en la acción legal reflejará sus intenciones para desmontar la cultura de corrupción que vienen arrastrando de administraciones anteriores. Estas acciones determinarán dos posibles resultados sobre las revelaciones de Brasil: (1) sistemas de corrupción más elaborados y mejor diseñados o (2) consecuencias claras que den por terminadas a estas vergonzosas prácticas.
Autora invitada
Alexandra Veloz es abogada independiente en Quito, Ecuador, y es la asesora legal de Econ Americas.
