Por Alexandra Veloz
En mayo, la Asamblea Nacional del Ecuador denunció 12 tratados bilaterales de inversión, conocidos como TBI. Estos acuerdos buscan proteger a los inversionistas ante posibles cambios políticos en un estado, al generar seguridad jurídica para la ejecución de proyectos a largo plazo.
La Unión Europea — que hace poco incorporó a Ecuador al acuerdo de comercio con Colombia y Perú — se expresó disconforme ante la decisión, pues Ecuador tenía tratados de inversión con algunos países europeos. Sin embargo, la resolución del país andino no surge de la nada. De hecho, el primer tratado de inversión al que renunció por las mismas razones fue con Finlandia en el 2010.
Estas medidas estaban previstas en la legislación ecuatoriana tiempo atrás. La Constitución del 2008, establecida bajo el mandato de Rafael Correa, impide la participación del estado en arbitrajes internacionales por ser considerada una violación a la soberanía.
Los acuerdos ratificados antes de la nueva constitución sí contenían cláusulas de arbitraje internacional para resolución de disputas. De manera que algunas compañías, como las petroleras Burlington, Perenco y Oxi, emitieron denuncias en contra del Ecuador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial. El estado ecuatoriano ha destinado miles de millones de dólares de las contribuciones a pagar las indemnizaciones acordadas por los fallos finales.
La terminación de los TBI no debe ser causa de alarma. El ex Ministro de Comercio Juan Carlos Cassinelli explicó que el gobierno ecuatoriano renegociará los tratados de inversión, con manejo de conflictos bajo jurisdicción interna, en lugar de renunciar a ellos. Además, los tratados denunciados continúan en vigor durante un período de transición que va desde 5 a 12 años para proteger a los inversores, y, así, tengan tiempo suficiente para aceptar las nuevas particularidades en los acuerdos o dejar el país.
Debido a la actual presión fiscal, los ciudadanos ecuatorianos y los inversores nacionales e internacionales esperan que el nuevo gobierno refresque la política exterior y las condiciones de inversión. El país necesita atraer nuevo capital y generar suficientes ingresos tributarios.
Cabe mencionar que si bien una de las razones para la terminación de los TBI es el impedimento para realizar arbitrajes internacionales, esto sólo se refiere a los contratos que una empresa o particular celebre con el Estado y no de los contratos que una empresa suscriba en el Ecuador con particulares. Es decir, un empresario nacional o extranjero sí puede convenir con personas naturales o empresas privadas la solución de conflictos mediante métodos alternativos como la mediación o el arbitraje, en centros nacionales o extranjeros.
Aquellos inversores que inicien negocios con el estado no estarán bajo la protección de los TBI, pero pueden ser creativos en la redacción de sus contratos. Si bien la resolución de conflictos se hará en cortes internas, pueden incluir claúsulas específicas que cubran los potenciales riesgos por cambios de normativas ecuatorianas.
Autora invitada
Alexandra Veloz es abogada independiente en Quito, Ecuador, y es la asesora legal de Econ Americas.
